Roxana Rodríguez Ortiz

Después de un par de años de observar y tratar de contrarrestar, mediante el análisis y acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas del gobierno actual (entiéndase iniciativas como la agenda política, cuyas repercusiones no necesariamente son positivas para la sociedad), puedo ubicar cuatro áreas que destacan en la política actual: a) Reformas estructurales (mandato de Fondo Monetario Internacional), que obviamente incluyen el sector energético y fiscal. b) Reforma educativa. c) Desaceleración de la migración y cierre de fronteras (mandato de Estados Unidos). d) Represión de la movilidad social en todos los niveles. 

Al analizar con detenimiento cada una de estas áreas se puede observar una deceleración de la economía, del mercado interno, una ausencia del estado de derecho (de por sí ya inexistente en sexenios pasados) y un aumento del poder del Estado para reprimir e inhibir el avance hacia condiciones de bienestar social, observable en el aumento de la desigualdad económica prevaleciente, y en los altos niveles de pobreza.

a) De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), las prioridades en materia de políticas, especialmente en países con economías emergentes, como el nuestro —donde además padecemos la afectación de la caída del precio del petróleo—, deben dirigirse hacia el crecimiento a largo plazo mediante la reforma tributaria y la organización del gasto. Referente a la caída del precio del petróleo, se sugiere que se ajuste el gasto público al ingreso petrolero (situación que se impone a la ciudadanía de a pie, pero no a los gobernantes). Finalmente, se recomienda (con urgencia) que se lleven a cabo las reformas estructurales que incrementen la productividad y eliminen los cuellos de botella en la producción.

Como se sabe, las reformas se echaron a andar desde el día uno del sexenio peñista. Han tenido descalabros pero eso no ha impedido que Videgaray siga impulsando, sin importar el costo social ni la sostenibilidad del medio ambiente, la aprobación inmediata de éstas. Especialmente la energética y la fiscal han sido bien recibidas por algunos sectores de la sociedad, los que ostentan los medios de producción, ya sean nacionales o internacionales, dado que por lo menos la energética implica la privatización de sectores que por muchos años estuvieron en manos del gobierno. La fiscal no es tan preocupante para las transnacionales dado que es de sobra conocido que en un país manufacturero como el nuestro, las utilidades de las transnacionales no se contabilizan en nuestra política fiscal, solo el gasto corriente. Obviamente otras reformas se quedaron en el tintero como la de telecomunicación y la electoral. La de telecomunicación porque se le regresó todo el poder a Televisa y la electoral por cuestiones de sobra fraudulentas (orquestadas por quienes controlan las instituciones, Lorenzo Cordova y Virgilio Andrade, responsable del Instituto Nacional Electoral y secretario de la Función Pública, respectivamente).

b) La otra gran reforma que urgía echar a andar era la educativa, y así lo hizo Chuayffet, primero eliminó a su enemiga acérrima, la Maestra Gordillo, y poco a poco fue desmantelando sus huestes políticas como se observa con la destitución de la sección XXII de la CNTE del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Aunado a que en años anteriores ya había eliminado la prueba ENLACE, una herramienta para evaluar a los maestros (requisito que había sido bastante polémico para su aplicación). Y si a eso le agregamos la confrontación constante con las normales en varios estados y la desaparición forzada de normalistas, solo me queda preguntar ¿hacia dónde se encamina la supuesta reforma educativa? Lo obvio es pensar que la reforma educativa se encamina a crear institutos tecnológicos que enseñen oficios y no fomenten el libre pensamiento, pues para atender las «recomendaciones» del FMI, especialmente el incremento de la producción (entiéndase maquila), nuestro gobierno cree erróneamente que al tener más mano de obra calificada y de bajo coste se podrán reducir los costos de producción y obtener más utilidades. Falso en la teoría, no así en la práctica, dado que tenemos una pirámide poblacional que por lo menos en dos décadas permitirá esta situación, es viable sostener ese supuesto crecimiento a costa de la explotación; posteriormente se invertirá la pirámide y seremos más los adultos mayores que los económicamente activos para poder realizar trabajos de manufactura. Las preguntas obligadas: ¿cuál es el papel de la academia en este tablero?, ¿esta reforma manufacturera de la educación impactará en las universidades públicas?, ¿el presupuesto que se le asigna a las universidades públicas y a los centros de investigación estará condicionado en función de las prioridades económicas? De innovación, tecnológica y desarrollo de patentes ni hablamos (aspectos que se verán afectados en cuanto se termine de afinar el Acuerdo Transpacífico, al final hablo brevemente de ello). Eso está descartado en una economía como la nuestra. Lo cual es una verdadera lástima porque existen casos como el de India que en pocas décadas dio el salto a la innovación tecnológica.

c) Referente al tema migratorio y de fronteras, éste es particularmente significativo porque por primera vez el gobierno mexicano toma una posición de abierta ofensiva; es decir, de evidente desaceleración de la migración y del cierre de sus fronteras, especialmente en el sur. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 existe un esbozo del llamado Programa Frontera Sur, en las metas nacional 1 y 5: México en paz y México con responsabilidad global, respectivamente. En dicho Plan también se esboza un modelo de gestión y ordenamiento fronterizo que se deduce como política pública y está vinculado a cuatro situaciones particulares: 1) la securitización de la frontera; 2) procesos de integración con América Latina; 3) factores de desarrollo económico y productividad regionales; y 4) prevención y seguridad de migrantes en tránsito. El hecho que el gobierno mexicano haya decidido tomar ciertas medidas para desacelerar los flujos migratorios centroamericanos, como el Programa Frontera Sur (cuyo supuesto responsable es Mayans, pero quien realmente ejecuta es Osorio Chong), es una decisión que no se vincula con la protección de los derechos humanos de los migrantes ni con el enfoque de seguridad humana del Programa Especial de Migración, elaborado por las organizaciones de la sociedad civil en conjunto con la Unidad de Política Migratoria. Responde en todo caso a la política de seguridad nacional y de securitizacion de las fronteras. Aunado a que, hablar de un programa gubernamental de políticas públicas (Frontera Sur) que carece de un documento oficial, salvo por algunas referencias en páginas de internet del gobierno http://www.gob.mx/presidencia/…, resulta kafkiano.

Es evidente que existe un fuerte impulso del gobierno estadounidense para frenar y disuadir en diferentes niveles la migración centroamericana. El primer acercamiento obviamente fue con el gobierno mexicano y consistió en impulsar acciones de securitización como lo es el Programa Frontera Sur (y desistir en implementar el Programa Especial de Migración); el segundo momento consistió en negociar con los gobiernos centroamericanos, que por mucho tiempo se mantuvieron al margen de la problemática de sus connacionales en territorio mexicano, e incluso se beneficiaron con la corrupción que circunscribe los fenómenos migratorios y fronterizos. Lo que no es tan evidente es si estas acciones tendrán un desenlace fortuito para la región o si implicará el cierre de las fronteras con muros y/o vallas, como existe en el norte de México; y si se podrá frenar la corrupción o se alentará a los grupos criminales que obligan a los centroamericanos a migrar para “disuadir” la migración.

d) Finalmente, la represión de la movilidad social se da en todos los niveles y la hemos padecido desde el 1 de diciembre de 2012, y a la fecha no sabemos si fue la policía local o la federal la que se ensañó con los marchistas cuando algunos supuestos anarquistas empezaron a reventar la manifestación pacífica —una estrategia recurrente del gobierno local o federal en cada una de las manifestaciones que se han realizado a partir de la desaparición forzada de 43 normalistas—. Posterior a ello se han suscitado diversos eventos de masacre y desaparición forzada a manos del ejercito, de gobernantes, de policía local y de policía federal: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingan, San Quintín, Ostula (y los que no conocemos). Si analizamos cada uno de estos eventos encontraremos similitudes en el modo de operar de quienes ordenan la persecución, desaparición forzada y/o matanza de la sociedad civil. Nuevamente, Osorio Chong es el responsable de ejecutar las acciones conducentes para esclarecer cada uno de estos eventos. Pero a la fecha no se ha hecho nada para eliminar la persecución política ni de la sociedad civil ni de las autodefensas. Véase el caso Mireles, por ejemplo. Obviamente esta situación contrasta con la nula iniciativa del gobierno y, específicamente, de la responsable de la PGR, Arely Gómez, para frenar el crimen organizado (es morbo hablar de la fuga del Chapo).

¿Hacia donde vamos? La indignación no ha sido suficiente, cada vez sale menos gente a la calle a protestar por la constante violación de derecho humanos a manos del gobierno en todas sus modalidades: desde el alza del dólar, pasando por un aumento en los precios en el consumo interno, una depreciación del salario, hasta lo de sobra conocido, una ausencia del estado de derecho que se traduce en un aumento desmedido de la corrupción en todos los niveles de mando y que ha permeado a la sociedad civil. Lo problemático es que al «normalizar» la violación constante a los derechos humanos perdemos el miedo y nos acostumbramos a ello. Sin esperanza ni utopía. Simplemente esperamos a que nuestras condiciones de vida no se vean afectadas y si se ven afectadas entonces pensamos en corrompernos. Con un panorama así resulta sumamente complicado promover un cambio estructural. Y si me apuran, diría que al PRI le costó solo dos años normalizar la impunidad. ¿Qué pudiera ayudarnos a salir del atolladero? Un cambio de paradigma enfocado a la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el reconocimiento de la soberanía en manos de la sociedad y no de los gobernantes. Solo que para ello se necesita dialogar y, sobre todo, escuchar; invertir tiempo en sesiones de encuentros y desencuentros con los otros. Y asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos frente al devenir de nuestra sociedad. La solución en realidad no es compleja, lo complejo es que la gente haga conciencia de ello.

Sería ingenuo pensar que estos temas no están conectados entre sí y éstos, a su vez, con acciones internacionales y compromisos económicos que el gobierno peñista ha firmado en diversos momentos. Uno de esos convenios que no podemos perder de vista es justamente el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP) que se encuentra todavía en definición y que evidentemente afectará áreas económicas como la de lácteos, textil, derechos de autor, uso de redes sociales, entre otros.  En este acuerdo participan varias económicas del mundo: Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile y Perú (países con los que  México ya ha firmado un TLC), Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Vietnam. Economías con algunos sectores más rentables que la nuestra. De igual forma, la urgencia de privatizar territorios comunales en el sur del país, específicamente Tapachula, alude a la construcción de una ruta de paso de flujos de capitales y productos (no así de personas) que permita tener geopolíticamente conectado el Pacifico sin tener que usar el Atlántico (e incluso sin tener que usar el canal de Panamá). No está de más decir que al momento en que este acuerdo se firme, las perspectivas de desarrollo de las regiones serán distintas y los apoyos económicos también tomarán una dirección diferente.