Como cada año desde hace más de un lustro entrará por la puerta de la frontera sur de México la caravana de personas migrantes que han salido de Honduras. Recién unas tres mil personas cruzaron la frontera de Guatemala y obviamente las reacciones no se han hecho esperar. El primero en brincar, no es de sorprendernos, Trump, condiciona el apoyo económico a los países del triángulo norte y México si no se encargan de frenar a la caravana (una práctica que también lleva algunos años en acción, especialmente a partir de que se empiezan a externalizar las fronteras).
Después, el gobierno mexicano (de EPN, no crean que de AMLO), se pronuncia y afirma que solo van a dejar entrar a quienes tengan papeles. Finalmente los y las defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y académicos que nos dividimos entre los que están a favor de las caravanas (aludiendo al derecho de la movilidad, un discurso contra el cierre de fronteras neoliberal con poco fundamento teorético) y los que están en contra del poco cuidado que se tienen con la logística de la organización de las caravanas y que pone en riesgo no solo la integridad de las personas migrantes y sus familias, sino también lo poco que se ha avanzado en la teoría transnacional, transfronteriza, modelos de sociedad y las leyes que en teoría le dan continuidad a esas teorías.
Mi postura de cara a este debate, sin duda, es del segundo bloque, basada en la experiencia del 2015-2016 durante la estancia de investigación que realicé en Barcelona, de la cual doy cuenta en el libro Cartografía de las fronteras. Diario de campo. A diferencia de las anteriores caravanas, ésta es singular porque es más numerosa, viene de más lejos, y, quiero pensar, que no la organiza ningún defensor u ong mexicana (como sí ha sucedido en otras ocasiones).
Las imágenes de la oleada de personas migrantes que van caminando, muchos jóvenes, sin duda cimbran la realidad de los que desconocen las motivaciones para iniciar una caminata tan larga, más de 3000 km, casi lo mismo que lo que andan los refugiados sirios, como se observa en el siguiente ejercicio comparativo que realicé en 2015, para aludir a la diferencia entre fronteras verticales y fronteras horizontales.
Las dos fotografías inferiores de la imagen se refieren a las fronteras verticales. Estas fronteras están trazadas en el imaginario colectivo de quienes cruzan ya sea un país, forman parte de la frontera subjetiva y la frontera glocal (como las personas migrantes centroamericanos que solo cruzan México, un territorio de 32 entidades federativas que mide casi lo mismo que la parte occidental del continente europeo), o varios países europeos (como lo hacen los y las refugiados sirios, algunos pertenecientes al espacio Schengen, como son Grecia, Hungría, Austria, Alemania, y otros países que no tienen la facultad de libre tránsito, la Antigua República Yugoslavia de Macedonia (ARYM), Albania y Bulgaria). En ambos casos, la frontera vertical se traza de sur a norte.
Desde hace un lustro por lo menos, varios investigadores y defensores de derechos humanos empezaron a evidenciar que el crimen organizado, junto con agentes federales y locales, han cooptado las rutas migratorias haciendo más inseguro, complicado y caro el recorrido de sur a norte; pero no es sino hasta mediados de 2015 que aquello que se vislumbraba como una carencia de políticas migratorias, en realidad atendía a un llamado de Estados Unidos por externalizar su frontera al sur de México, mediante, precisamente, el Programa Frontera Sur que, entre otras situaciones, ha provocado la deportación de miles de centroamericanos y el internamiento de cientos de personas en las estancias migratorias, a pesar de que muchas de estas personas solicitan una visa humanitaria dada la violencia que existe en sus países de origen.
La frontera vertical en que se ha convertido México para los y las migrantes centroamericanos es resultado de la política (anti)migratoria de por los menos los últimos tres sexenios, que no solo incluye externalizar la frontera de Estados Unidos al sur de México, sino también en que México se convierta en el tercer país seguro: el país que evite la llegada de personas migrantes de cualquier nacionalidad al país del norte, justamente la moneda de cambio para la reciente firma del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (antes TLCAN).
Muchas son las aristas que pudiera mencionar de este fenómeno, positivas y negativas, pero solo destaco la necesidad de poder diferenciar entre una política asistencialista (que es de todos conocida) y una política hospitalaria (folclorista, la mayoría de las veces). Si realmente queremos que la política migratoria y la política fronteriza se modifiquen, sin duda, propuestas nacidas desde la sociedad civil, como las caravanas, son importantes para presionar a los gobiernos, pero dejan de tener fuerza cuando se convierten en el estandarte de unos cuantos, quienes después dejan tirados a medio camino a las personas migrantes.
La caravana ya está en camino, va a llegar y cruzar México, tenemos varias opciones, cuestionar a quienes la liderarán, o sumarnos a presionar al gobierno mexicano para que no comience a hacer gestiones de tercer país seguro. Desde la academia y las ongs podemos insistir para que el gobierno entrante considere nuestras propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, basadas en esquemas de interculturalidad y hospitalidad distintos a los que existen.
Desde mi perspectiva, los límites de la hospitalidad son más complejos de entender que una ley universal, que la convivencia natural entre sujetos o incluso más complejos que la situación jurídica de un migrante o un refugiado. Los límites de la hospitalidad son inherentes a nuestra cultura, lenguaje, familia e interpretaciones del invitado-huésped.
Donde una frontera geopolítica enfatiza la necesidad de experimentar la hospitalidad (condicional o incondicional), el deber de establecer una ética política es más una aporía que una realidad. Este es el dilema que debe ser resuelto como una experiencia creativa y no como una invisibilidad del problema o un exceso de seudo-legalidad que mancille sistemáticamente los derechos humanos de los migrantes y refugiados.
Roxana Rodríguez Ortiz 