Fronterización de la seguridad, superlativo de la militarización entre EUA-MEX

En 2023 escribí el artículo De la seguridad fronteriza a la fronterización de la seguridad en la cartografía del espacio global en el que cuestionaba la cesión, por parte de los Estados, de la seguridad nacional-humana a la militarización, dejando poco margen de acción a los derechos en general pero principalmente al derecho internacional:

El cierre, la militarización y el aseguramiento de las fronteras de los Estados nación —fenómenos a los que se hace frente desde hace varias décadas— no son casuales. Tampoco lo es el capricho de los gobernantes o la aparente falta de pericia política para tratar el fenómeno migratorio en las fronteras geopolíticas del mundo. En realidad, el cierre de las fronteras en la segunda década del siglo xxi atiende al mandato condicionado del derecho internacional, un mandato cíclico que sostiene el orden mundial, como sucedió durante la pandemia de la COVID-19 (2019-2023). (Rodríguez Ortiz, 2023)

Con la llegada de Trump nuevamente al poder en 2025 es más evidente el desplazamiento (por no decir la casi extinción) del derecho internacional de cara a la militarización en la frontera que comparten Estados Unidos y México a la altura del Río Grande (Río Bravo). En el seguimiento mediático que realizo día a día varias son las notas que aluden a ello. Comparto dos publicadas entre ayer y hoy, la de la izquierda corresponde a El Norte, la de la derecha a El País:

Las condiciones de posibilidad que hicieron posible esta militarización descontrolada en la frontera que comparten ambos países son multifactoriales (hago un recuento de ello en el artículo arriba mencionado), pero me interesa destacar tres:

  1. Por parte del gobierno mexicano (y no solo de las últimas dos administraciones), la falta de visión para proponer política fronteriza diferenciada de la política migratoria. En el texto Para una ética en la gobernanza. Crear una agencia especial de fronteras desarrollo más esta necesidad no solo en términos de la seguridad nacional, sino también del crecimiento económico y el resguardo de las biosferas y los ecosistemas.
  2. El cruce irregular de cientos de miles de personas que atravesaban México para llegar a Estados Unidos, espacialmente durante las caravanas migrantes (2018-2019) y el confinamiento (entrada en vigor del Título 42 por mandato de Trump en su primera gestión que Biden alargó durante su administración, contrario a lo que se esperaba). Aunado a los 11 millones de migrantes sin papeles que habitan el país vecino a quienes Trump no se cansa de llamar invasores-enemigos. Una narrativo que ha funcionado en otros momentos.
  3. La facultad que le otorga al gobierno estadounidense declarar grupos terroristas al crimen organizado. El margen de acción que tiene el ejercito y en general las fuerzas de seguridad estadounidense en territorio mexicano es superlativo a partir de ello, lo que desconocemos es si forma parte de un acuerdo para renegociar el TMEC o porque realmente el gobierno mexicano está imposibilitado para hacerle frente a los carteles en su propio territorio. Cualquiera que sea la razón, suena más a una posible ocupación mediante el desplazamiento de los límites territoriales naturales:

Desde su concepción a mediados de abril, las NDA [Áreas de Defensa Nacional] han sido polémicas. De acuerdo al Gobierno, son tierras federales que han sido designadas como áreas militares, lo cual permite que el personal militar patrulle, detenga a personas por intrusión y lleve a cabo “operaciones de seguridad”. Ante esto, varios críticos, entre ellos entidades como el centro Brennan para la Justicia, una institución legal apartidista, han alertado que la estrategia está diseñada para evitar la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas federales, como los militares, participar en tareas de seguridad que corresponden a los cuerpos civiles. Los abogados del centro argumentan que este permiso debe ser otorgado por el poder legislativo o la Constitución. (Nicholas Dale Leal, 2025, El País)

Estas NDA son de las que carece México para proteger las fronteras, de ahí la necesidad de echar a andar una Agencia Especial de Fronteras. Proteger no es sinónimo de militarizar. El superlativo de la militarización difumina el derecho internacional y deja en limbo administrativo los propios límites territoriales en cualquier país. Una medida que estamos observando en prácticamente todo el mundo.


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