Roxana Rodríguez Ortiz

Empezaron a llegar las personas migrantes y refugiadas a la CDMX, cansadas, deshidratadas, lastimadas y violentadas en sus derechos por la ausencia de una política de asilo y refugio clara, donde, además, los jaloneos mediáticos entre gobernantes, instituciones, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y academia no se hicieron esperar.

Después de veinte días que salió la caravana de Honduras, de cruzar tres fronteras administrativas y especialmente la frontera vertical, la más complicada de todas, la frontera en que se ha convertido México al asumir el compromiso con Estados Unidos y los organismos internacionales, de ser el tercer país seguro, no existen condiciones en la Ciudad de México para recibirles y darles un trato digno porque estamos en cambio de sexenio y varias personas, organizaciones y académicos están buscando su hueso mediante la economía del dolor que genera la movilidad humana en el mundo.

Caravanas han ido y venido por México, solamente que no se denominaban ni se concebían de esa forma porque estaban completamente invisibilizadas pues se subían a la bestia, no cruzaban por la ciudad y llegaban al norte del país. Una vez que la bestia dejó de ser la opción de miles de personas, alrededor de 400 mil cruzan anualmente nuestras fronteras, se buscaron otras rutas más caras y más peligrosas, al tiempo que las demandas de solicitud de asilo y refugio aumentaron.

La pregunta es por qué aumentaron las solicitudes de asilo y refugio en nuestro país cuando hemos sido un país de tránsito, de exportación de mano de obra barata desde hace casi un siglo. La repuesta es clara, cambiaron los contextos de la movilidad humana derivado de la mundialización de las economías, de la precarización de las condiciones de vida y la falta de oportunidades para tener una vida digna en los lugares de origen de las personas que migran, ya sea por las guerras civiles, el crimen organizado o las violencias generalizadas a población vulnerable, llámese niños, niñas no acompañadas, comunidad lgttbi y mujeres.

Evidentemente en este contexto de mundialización también los gobiernos son partícipes, pues externalizan sus funciones de velar por los derechos sociales a terceras personas; es decir, aplican el outsourcing del discurso de los derechos humanos a las organizaciones de la sociedad civil que han ido en aumento, algunas con poca capacidad de organización y otras con todo la experiencia para bajar recursos internacionales y posicionar su agenda en la política nacional de la mano de lo que dicta el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En este escenario lo que al parecer importa menos es qué podemos ofrecer a quienes llegan a nuestro país buscando quedarse o seguir transitando hasta llegar a Estados Unidos, pues carecemos de la infraestructura institucional para otorgar una respuesta en 40 días a las solicitudes de miles de personas e incluso hemos sido incapaces de detener las deportaciones de nuestros connacionales por la falta de voluntad política.

En este escenario, ¿qué podemos esperar del gobierno saliente y el entrante?, un puente humanitario a cargo de la comisión de derechos humanos de la ciudad que en realidad es un puente político de unos cuantos, los que tienen el logo más grande hacen la política, los que tienen el logo más chico o simplemente no aparece su logo hacen el acompañamiento. Y mientas las personas migrantes y refugiadas son solo un pretexto para probar nuestra política de seguridad nacional y especialmente de tercer país seguro. Lamentable que la decisión haya sido ésta y no una hospitalidad incondicional como aparece en la constitución de la Ciudad de México recién estrenada.